Derecho contencioso administrativo venezolano (preguntas y respuestas).

En esta publicación abordaremos las interrogantes más frecuentes que surgen acerca del Derecho Contencioso Administrativo Venezolano, con el objetivo de informar y orientar a nuestros lectores con respuestas sustentadas en las normas que conforman la legislación nacional sobre esta materia.

1. ¿Cuál es el origen de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela?

La constitución del 21 de septiembre de 1830 incluyó en el ordinal 5º del artículo 147 la responsabilidad contractual de la administración, luego la constitución del 28 de marzo de 1864 estableció la jurisdicción de los Estados Federados y la jurisdicción Federal, después en la constitución de 1925 fijó la anulación de los actos emanados de los órganos de la administración pública fuera de los límites de sus funciones, para que la constitución de 1931 consagrara de manera más amplia la nulidad por ilegalidad y por abuso de poder. De suma importancia fue la constitución de 1936 al establecer más profundamente el control constitucional de los actos del poder público, principio que podemos encontrar aún años después en la constitución de 1961, también reviste gran relevancia la creación de los órganos la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Gaceta Oficial 30-07-1976), así como la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo (Decreto 2.057 del 08-03-1977). La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1977 en sus disposiciones transitorias consagró la organización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ordinaria, la Sala Político Administrativa como órgano rector, La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo mientras se dictaba la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en la Constitución de 1999 encontramos consagrada la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el artículo 259.

2. ¿Qué es la Jurisdicción Contencioso Administrativa?

Es la autoridad, facultad o potestad que tienen para administrar justicia los órganos con competencia lo contencioso administrativo, al conocer de los asuntos legalmente atribuidos en relación al ejercicio de sus funciones, y decidirlos emitiendo una sentencia sobre las pretensiones opuestas por los administrados, resolviendo la controversia de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes.

3. ¿En qué consisten los medios de control de la actuación de los poderes públicos?

Consisten en la garantía que la constitución y las leyes otorgan a la jurisdicción contencioso administrativa para someter a los poderes públicos al principio de legalidad, controlando sus actividades para que no se excedan aprovechándose de los privilegios que gozan, y brindando a los particulares el derecho de exigir la aplicación de ese control ejerciendo los recursos legalmente otorgados.

4. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa?

  • Principio de legalidad.
  • Principio de separación de poderes.
  • Principio de colaboración entre los poderes públicos.
  • Principio de jerarquía y coordinación.

5. ¿En qué consiste el agotamiento de la vía administrativa?

Cuando se ejerce el recurso de reconsideración y luego el recurso jerárquico, se agota la vía la administrativa, el acto administrativo queda firme, causa estado y puede ser impugnado en vía jurisdiccional. Existe un extenso debate con respecto a este tema, una parte de la doctrina considera que al agotarse la vía administrativa, el administrado de forma opcional puede recurrir accediendo al órgano jurisdiccional y otra parte de la doctrina sostiene el criterio del agotamiento de la vía administrativa como una actuación necesaria y obligatoria para la protección del administrado; las posiciones contrapuestas conducen a la revisión de varios instrumentos legales para el estudio comparativo con otras áreas, por ejemplo, en materia tributaria, en materia de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la Ley del Estatuto de la Función Pública no se exige agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad para acudir a la vía judicial, pero la Ley Ogánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) exige como condición de admisibilidad el agotamiento de la vía administrativa para poder acceder a la vía judicial al establecer expresamente en su articulo 93 que : “la vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes”…

6. ¿Cómo debe ser el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa?

Debe ser apegado al principio de acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución Nacional.

7. ¿Cómo está organizada la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela?

  • Tribunales Contenciosos Administrativos Generales: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Político-Administrativa, Sala Electoral, La Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, y los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales.
  • Tribunales Contenciosos Administrativos Especiales: (Permanentes): Tribunales Superiores en lo Contencioso Tributario, Tribunales Superiores Agrarios, Tribunales Agrarios de Primera Instancia; (Ocasionales): Juzgados de Municipios, Juzgados de Primera Instancia y Tribunales Penales.

8. ¿Cuáles son las competencias de los órganos que conforman la jurisdicción contencioso administrativa?

  • Anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho.
  • Condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.
  • Conocer de reclamos por prestación de servicios públicos.
  • Disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

9. ¿Quiénes pueden ser parte en el proceso contencioso administrativo?

  • Cualquier persona natural o jurídica con cualidad legítima, personal y directa en la causa.
  • El Fiscal General de la República.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Procurador General de la República.

10. ¿Qué se entiende por intereses difusos y colectivos?

Los intereses difusos son aquellos en los que no se pueden identificar los sujetos, por existir una pluralidad indeterminada de titulares que no se pueden cuantificar. Por su parte, los intereses colectivos son aquellos representados por grupos que pueden interponer recursos contra actos administrativos de efectos particulares que afecten los intereses colectivos, se trata de grupos determinados y cuantificables, en los que uno de sus miembros puede actuar en nombre propio o en nombre de los demás miembros del grupo.

11. ¿Qué es el recurso contencioso administrativo?

Es un medio de impugnación que se ejerce en vía judicial, contra un acto administrativo que ha sido decidido agotando la vía administrativa.

12. ¿Qué es el recurso de hecho?

Es un medio de impugnación procedente únicamente en los supuestos que establece la ley, y persigue que la apelación que ha sido negada por el tribunal de primera instancia sea admitida u oída.

13. ¿En qué consisten las demandas contra la República?

Las demandas contra los entes públicos son conocidas también como demandas de plena jurisdicción, se dirigen a la obtención del restablecimiento de una situación jurídica subjetiva, atacando alguna actuación de la administración pública cuya lesión o perjuicio propicie en el administrado afectado el ejercicio de los recursos que le brinda la ley.

14. ¿Cuáles son las pruebas permitidas en el procedimiento contencioso administrativo en segunda instancia?

La experticia, la inspección judicial, los documentos que formen parte del archivo de la Administración Pública siempre que la prueba que se pretenda de ellos no pueda llevarse de otro modo a los autos; las posiciones juradas, los instrumentos públicos o privados.

15. ¿Cómo se clasifican las sentencias en esta materia?

Por su finalidad pueden ser: declarativas, constitutivas o de condena, por su contenido pueden ser: previas o de fondo y por sus efectos pueden ser: firmes o no firmes.

16. ¿Cuáles son los efectos de las sentencias?

El efecto principal es el de producir cosa juzgada, en el caso de las sentencias declarativas tienen un efecto de retroactividad.

17. ¿En qué consiste la expropiación por causa de utilidad pública?

Consiste en una actuación del Estado que persigue un interés social, mediante la cual busca la obtención de la transferencia forzosa del derecho de propiedad de los particulares a su patrimonio, para lo cual se requieren una serie de requisitos de procedencia legalmente establecidos, siendo fundamental una sentencia firme y el pago oportuno de una indemnización.

18. ¿Qué es un funcionario público?

Los funcionarios públicos son titulares de los órganos de la administración pública, que representan las instituciones estatales, ejerciendo funciones atribuidas por la ley y apegándose a ciertas reglas, tales como: la dedicación exclusiva de los funcionarios públicos al servicio del Estado, las incompatibilidades de los sujetos al servicio de los entes públicos, la renuncia tácita al cargo precedente por la posterior aceptación de otro y las prohibiciones derivadas del ejercicio de los cargos públicos.

19. ¿Qué debemos tomar en consideración en las demandas contra el Municipio?

El Municipio puede actuar como demandado o como demandante, ante la jurisdicción ordinaria, ante la jurisdicción especial y contencioso administrativa. Debemos tener en cuenta que el Municipio goza de una serie de privilegios tales como:la notificación al Síndico Procurador de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que obre contra los intereses patrimoniales del Municipio.

20. ¿Qué es la jurisdicción contencioso administrativa inquilinaria?

Es una jurisdicción especial que se rige por la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, la Ley Orgánica del Tribunal Suprema de Justicia y toda la normativa que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Esta jurisdicción se encarga de controlar la actividad de los órganos administrativos con competencia en materia inquilinaria.

21. ¿Qué es el recurso contencioso tributario?

Es un medio de impugnación que procede contra los actos de efectos particulares y de naturaleza tributaria, se trata de un proceso contencioso de anulación y de plena jurisdicción, el juez puede anular o no el acto recurrido pero también conoce del fondo del asunto.

22. ¿Qué es la jurisdicción contencioso administrativa agraria?

Es una jurisdicción especial, en la cual la Sala de Casación Social en Sala Especial Agraria conoce como Tribunal de Segunda Instancia. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios tienen competencia para conocer de los recursos contenciosos contra actos administrativos agrarios como Tribunales de Primera instancia y conocen de todas las acciones contra los entes administrativos en materia agraria.

23. ¿Cómo procede el amparo constitucional contra los actos administrativos?

Procede contra todo acto administrativo que viole o amenace con violar un derecho o garantía constitucional, siguiendo la normativa establecida en la Ley Ogánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esta acción de amparo puede ejercerse de forma autónoma o conjuntamente con otros medios procesales según los supuestos contemplados por la ley.

24. ¿En qué consiste la jurisdicción constitucional?

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la encargada de de la Jurisdicción Constitucional, teniendo entre sus atribuciones la facultad de declarar la nulidad de las leyes y demás actos dictados por los órganos del poder público, además de ser el máximo y último intérprete de la Constitución.

25. ¿Qué es la jurisdicción contencioso electoral?

Es una jurisdicción especial competente para controlar los actos, actuaciones y abstenciones de los organismos electorales, con facultad para declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad o ilegalidad de actos administrativos dictados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), conocer y decidir recursos contra las omisiones del CNE, conocer y decidir recursos de interpretación para determinar el sentido y alcance de las normas electorales, entre otras.

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